La sombra de “las chuzadas”, como se conoce al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe, reapareció en Colombia luego de que tres congresistas denunciaran que fueron víctimas de escuchas ilegales.
Los senadores Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo; Roy Barreras, del Partido de la U y cercano al expresidente Juan Manuel Santos, y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, enviaron una carta al mandatario colombiano, Iván Duque, en la que denunciaron “operaciones de descrédito” en su contra por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
“De ser ciertas estas informaciones en efecto se trata de revivir un episodio que ya tuvo lugar en el país y que dejó un saldo muy negativo, terminó con el hecho de que hubo que desmantelar una agencia del Estado”, manifestó Cepeda a Efe y añadió que el objetivo de esto es “urdir investigaciones penales” contra ellos “sobre bases falsas”.
El organismo al que Cepeda se refiere es el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyas funciones pasaron a otras entidades del Estado tras ser liquidado en 2011 luego de que desde allí se hiciera espionaje ilegal a periodistas, magistrados, políticos opositores y defensores de derechos humanos, entre otros, durante el Gobierno de Uribe.
“Se corroboró que estaba siendo utilizada esa agencia como una especie de policía política, pero en este caso se reproducen estas clase de denuncias, nos llegan informaciones de que la nueva agencia de inteligencia (la DNI), que depende del poder Ejecutivo, estaría dedicada a, entre otras cosas, realizar interceptaciones ilegales”, añadió el congresista.
Por “las chuzadas” fueron condenados el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno y la exjefa del DAS María del Pilar Hurtado, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2017,también fue condenado a 7 años, 10 meses y 15 días de cárcel el exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar “interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial”.
Es por ello que Cepeda explicó que la denuncia la hicieron como “una medida preventiva” y una alerta a la opinión pública de que si se comprueba ya “se sabe claramente de dónde vienen” las interceptaciones.
En la misiva, los parlamentarios aseguraron que hay en marcha “operaciones de descrédito” en contra “de una decena de ciudadanos” que, según afirmaron, fueron declarados “objetivos políticos de acciones encubiertas”.
Esas directrices de ejecutar “seguimientos y acciones contra los suscritos”, según la denuncia, fueron ordenadas por el director de la DNI, el almirante Rodolfo Amaya Kerquelen.
“Compartimos la preocupación por ciertos hechos que conexos podrían significar una estrategia de persecución sistemática a las voces opositoras, críticas al Gobierno o al líder del partido de Gobierno (el expresidente Uribe)”, apostillaron en la carta.
Por ello denunciaron esas “operaciones”, que calificaron de “usuales en regímenes despóticos en los que se acalla a la oposición”, ante las autoridades competentes y enviaron una copia de la carta al fiscal general encargado de Colombia, Fabio Espitia, y a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.
“Eso es una violación no solamente a los derechos de cada uno de quienes firmamos la carta sino también un grave atentado contra el derecho a la oposición y al ejercicio democrático de la política y también en este caso una manera de silenciar a quienes defendemos el proceso y el acuerdo de paz (firmado en noviembre de 2016)”, añadió Cepeda a Efe.
El senador izquierdista participó como “facilitador” en los diálogos de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en La Habana desde el comienzo y principalmente en la recta final, mientras que Barreras hizo parte del equipo negociador del Ejecutivo.
“Ahora lo que esperaríamos es que el presidente Duque dé las órdenes para que la agencia, que está bajo las órdenes del poder ejecutivo, tenga que rendir cuentas y se tenga que esclarecer si estas informaciones, que provienen de distintas fuentes, son ciertas”, agregó el congresista.
Entre tanto, la DNI manifestó en un escueto comunicado su “rechazo total” a las denuncias de los congresistas, aunque manifestó su disposición a colaborar en el caso, informa Efe.
“Trabajamos con las mejores prácticas de transparencia, trazabilidad, respeto por la dignidad humana y los Derechos Humanos (…) Estamos prestos a colaborar para certificar la transparencia de nuestro actuar, que tiene como objeto ‘proteger los derechos y libertades de los ciudadanos'”, apostilló la entidad.
