El expresidente Álvaro Uribe publicó en su cuenta de X una denuncia en la que señaló a los cabecillas del ELN identificados con los alias Pablito Arauca y Antonio García como los responsables directos de un intento de magnicidio contra la candidata presidencial Paloma Valencia, en el marco de las elecciones presidenciales de Colombia 2026.
Según la publicación del exmandatario, estos jefes guerrilleros no solo habrían ordenado el ataque contra la candidata del Centro Democrático, sino que además estarían instruyendo a sus estructuras armadas para promover el voto por Iván Cepeda, con el propósito de garantizarle una victoria en primera vuelta en las próximas elecciones presidenciales.
La denuncia de Uribe se produjo en un contexto de alta tensión electoral, marcado por amenazas previas contra Valencia que comenzaron a circular en redes sociales con una imagen fúnebre que incluía su nombre y el año 2026. Ante esos hechos, el propio exmandatario ya había alertado públicamente: “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma”, según registraron medios nacionales.
Amenazas contra Paloma Valencia en las elecciones 2026: un clima de violencia electoral
Las amenazas contra la candidata se enmarcaron en un escenario de violencia electoral que ya había cobrado una víctima mortal: el senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación confirmó, mediante el testimonio del condenado Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo, que la estructura disidente conocida como Segunda Marquetalia fue la que ordenó ese crimen.
En ese contexto, el Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó las amenazas contra Valencia y anunció el refuerzo de su esquema de seguridad. Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permitiera identificar a los responsables de las intimidaciones.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un llamado al gobierno de Gustavo Petro para que reforzara las medidas de protección a los candidatos presidenciales, ante el riesgo de que se repitiera un hecho de violencia de la magnitud del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La comunidad internacional también manifestó su rechazo a las amenazas.
El ELN y la disputa electoral: señalamientos sin precedentes en elecciones 2026
Los señalamientos de Uribe contra los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional representaron una escalada grave en el debate político del país. La acusación directa de que una estructura armada ilegal estaría interviniendo en el proceso electoral —tanto para eliminar adversarios como para impulsar candidatos— se suma a una cadena de denuncias que venían acumulándose desde el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
La candidata Valencia, por su parte, había señalado al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por su presunta responsabilidad política en el fortalecimiento de grupos armados, al haber impedido extradiciones y facilitado la fuga de jefes guerrilleros que luego fundaron estructuras como la Segunda Marquetalia. Cepeda rechazó esos señalamientos y exigió pruebas a Uribe.
En medio de la tensión, Valencia reiteró su determinación de continuar en la campaña pese a los episodios de vandalismo en sus sedes —incluida una sede en Bucaramanga, Santander— y afirmó que el proceso electoral debía garantizarse para todos los candidatos sin distinción. Su jefe de debate, el senador Mauricio Gómez Amín, también denunció que el abogado Abelardo de la Espriella, otro candidato presidencial, fue objeto de amenazas similares a través de redes sociales.
Qué sigue tras las denuncias por violencia en las elecciones Colombia 2026
Las autoridades colombianas enfrentan la presión de investigar de manera expedita el origen de las amenazas contra los candidatos presidenciales, en un año electoral que ya registra antecedentes gravísimos. La Fiscalía General de la Nación deberá determinar si las denuncias formuladas por Uribe en redes sociales tienen sustento probatorio y si corresponde abrir investigaciones formales contra los señalados jefes del ELN. Mientras tanto, los organismos electorales y de seguridad del Estado deberán garantizar condiciones mínimas para que la campaña presidencial transcurra sin que la violencia incida en el resultado de los comicios previstos para 2026.
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